En la jungla de la Justicia penal de Tucumán existe una línea gruesa y, sin embargo, abstracta, que la explica con sencillez. Los conocedores de ese bosque oscuro, impenetrable por sectores, refieren que la mejor brújula para saber quién es quién es la capacidad demostrada para incomodar al poder o para acomodarse a él. Washington Navarro Dávila pertenece a la segunda tribu: su trayectoria lo avalaría como abanderado de los fiscales y jueces moldeables. Esa flexibilidad para agradar a los que mandan desde los tiempos de Ramón Bautista Ortega acaba de catapultarlo a la cúspide del Ministerio Público de la Defensa, sin dudas una posición impensada para quien acumuló 31 aplazos en las 21 materias de Abogacía que rindió en esta provincia. Pero más allá de ese récord académico erosivo de credibilidad y digno de Ciudad Gótica, su ascenso terminó de convencer a los que ya tenían hartas sospechas sobre la existencia de voluntad de remodelar los Tribunales penales para que dejen de ser usinas de impunidad y desprestigio. Con Navarro Dávila emerge el destino más transitado de la historia institucional reciente, el de la reforma deformada.

Seis años de búsqueda de un sistema de persecución del delito dotado de transparencia, verosimilitud, rapidez y solvencia técnica arrojan como saldo el fortalecimiento de los baluartes del statu quo que se pretendía modificar. Algunos de los penalistas con chapa que se entusiasmaron con el programa y trabajaron por él hoy se sienten usados, y amenazados por la inseguridad jurídica que crearon los responsables de su implementación. Ven que las audiencias son denostadas. Ven, por ende, que el Código Procesal Penal sancionado en 2016 está cada vez más lejos de la realidad y de la posibilidad de cambiarla, y que ese paradigma sólo ha servido para fortalecer a quien siempre lo miró con desconfianza y hasta declaró públicamente que no hacía falta: Edmundo Jiménez, el ministro público fiscal de la gioconda sonrisa. De ese Adán judicial tan afecto a las sombras proviene la costilla navarrodavilesca.

Aunque abundan las razones para el desencanto, el máximo sinsabor radica en que el proceso penal sigue siendo tan retardatorio y cerril como siempre. Claro, el Código de 2016 envejece sin llegar a ser implementado: su entrada en vigor pasó de septiembre de 2017 a abril de 2018 y, después de una contienda sobreactuada entre la Legislatura y la Corte, volvió a ser postergado para febrero de 2019. Faltan menos de 100 días para esa tercera meta y nadie se da por aludido. No hay informes oficiales relativos a avances edilicios, de infraestructura y de capacitación, ni acerca del funcionamiento del régimen activado para rematar las causas en trámite. Como dice un príncipe del foro, las autoridades sólo se acuerdan del nuevo Código cuando la prensa lo hace o en la víspera del vencimiento de la prórroga, y a veces ni siquiera ahí, como sucedió en abril.

Pero por supuesto que las necesidades de la reforma, y “de dar respuesta a la gente expulsada de la calle por la delincuencia” justificaron el ingreso “a dedo” de agentes y funcionarios al Ministerio Público Fiscal: como no es posible “perder tiempo” en garantizar la igualdad de oportunidades y el mérito, palabra obsoleta si las hay, sólo hubo unos cuantos concursos de empleados y profesionales de la salud para maquillar el frenesí de nepotismo y empleomanía estatal. Hay quienes, por usar un término macrista, ya hablan de “aguantadero”: si hasta Carlos Picón, el primer abogado de Roxana Teves, imputada y denunciante de Jiménez, entró a trabajar al órgano que encabeza este. Esos y otros detalles trascienden porque, y pese a las promesas de acceso a la información, las “paredes hablan”. Desde luego, tampoco hubo “recursos” para publicitar las resoluciones administrativas y los dictámenes. Tanto medievalismo ha llevado a identificar a la institución que debe defender los intereses de la sociedad en la Justicia como el “Ministerio Público Secreto”.

De ese modelo de organización replegada sobre sí misma y entretenida en menesteres versallescos, sin vocación de rendir cuentas, viene Navarro Dávila. ¿Repetirá el esquema o intentará diferenciarse? Nadie sabe qué planea hacer con la Defensa porque su nombramiento fue consumado con la velocidad de Usain Bolt, ¿tal vez por temor a chascos como el del título analítico? El fiscal promovido por el gobernador Juan Manzur se comportó como si no debiese explicaciones. Mal comienzo para el funcionario encargado de instaurar la oralidad en la fase de la investigación penal y de garantizar la tensión con su grupo de origen, los fiscales de Jiménez, para que no haya presiones ni extorsiones. De Navarro Dávila depende que los pobres reciban una justicia auténtica o, dicho de otro modo, que sea morigerado el sistema judicial que se ensaña con los marginales y adictos, y protege a los poderosos. La defensa pública siempre ha sido el último orejón del tarro y en gran medida por ello los criminales salen de la cárcel peor de lo que entraron: ¿será Navarro Dávila el punto de inflexión para esa cultura o su foco de atención pasará por la función electoral descabellada que la Legislatura le adosó al cargo, cuando este ya llevaba su doble apellido?

La tendencia tan tucumana a deformar las reformas perpetúa las instituciones fallidas: véase, por ejemplo, el experimento de la Justicia de Paz “Lega Letrada” en marcha desde 2004. Ese esfuerzo inane viste con otras prendas los vicios de siempre, cada vez más enquistados y agravados. El mismo día que la Legislatura daba el visto bueno a Navarro Dávila, el embajador británico en Argentina, Mark Kent, instaba a los tucumanos a cambiar en serio y sin temor porque de esa habilidad para la adaptación depende el destino colectivo. El diplomático recomendó que haya democracia y Estado de Derecho, y no sólo lo primero. “Estuve en lugares que se dicen democráticos, pero donde ciertos ciudadanos están más allá de las normas”, reflexionó. También dijo que esta ciudad le recordaba a Londres… por la lluvia. Para que la comparación deje de ser una broma, quizá haya que seguir el consejo del representante del país de Chesterton.